La nueva Ley de Influencers en España ha generado un gran revuelo en el mundo digital. Aprobada el 30 de abril de 2024, esta normativa establece que ciertos creadores de contenido deben registrarse oficialmente y cumplir con una serie de obligaciones legales. Pero, ¿quiénes están realmente afectados por esta ley y qué implica para ellos?
¿Qué establece la Ley de Influencers?
La Ley de Influencers, formalmente conocida como Real Decreto 444/2024, regula a los «usuarios de especial relevancia» en plataformas de intercambio de vídeos. Para ser considerado como tal, un influencer debe cumplir con los siguientes criterios:
- Ingresos anuales iguales o superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de vídeo.
- Alcanzar un número de seguidores igual o superior a 1.000.000 en una única plataforma o más de 2.000.000 de forma agregada en varias plataformas.
- Haber publicado al menos 24 vídeos en el año natural anterior.
Aquellos que cumplan con estos requisitos están obligados a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual y a cumplir con diversas obligaciones, como identificar claramente el contenido publicitario y evitar la promoción de productos nocivos para menores.
¿Quiénes ya se han registrado?
Hasta la fecha, 47 influencers han cumplido con la obligación de registrarse. Entre ellos se encuentran figuras destacadas como Ibai Llanos, Dulceida, El Rubius, Laura Escanes y Marta Díaz. Sin embargo, sorprende la ausencia de otros grandes nombres del panorama digital español que, según los criterios establecidos, deberían estar registrados.
Consecuencias de no cumplir con la ley
No registrarse cuando se está obligado a hacerlo puede acarrear sanciones económicas significativas. Además, los influencers no registrados podrían enfrentarse a restricciones en sus actividades promocionales y a una pérdida de credibilidad ante marcas y seguidores.
Conclusión
La Ley de Influencers marca un antes y un después en la regulación del contenido digital en España. Si bien busca profesionalizar el sector y proteger a los consumidores, también plantea desafíos para los creadores de contenido. Es esencial que los influencers comprendan sus obligaciones legales y actúen en consecuencia para evitar posibles sanciones y mantener la confianza de su audiencia.
